Por Mati PUA
Lo que está en discusión es el sentido de la universidad… es para todos o es para algunos.
Los efectos de las políticas de los 90 -la ley de educación superior, el pacto global de responsabilidad social empresarial por la ONU, etc- propició el marco legal para legitimar un causal de capital privado hacia la educación pública. El chantaje gubernamental (el Estado subordinando a los intereses del mercado) castiga el presupuesto genuino de las instituciones educativas dejándola sin posibilidades materiales para sostener practicas pedagógicas proyectadas en el tiempo o espacios para trabajos de investigación, ni provocar algún impacto social transformador.
Convencidos de la eficiencia de la racionalidad capitalista, se habilita la figura de la Universidad Autofinanciada, que cae con la bendición de “es lo mejor que puede hacer” (no hay plata… pero hay quien tiene y puede poner la lata para que esto siga funcionando, obvio que el sistema no se discute mas, porque gracias al sistema seguimos existiendo!)
La autarquía atenta contra la autonomía. La educación parece ya no ser un derecho de todos, sino una posibilidad de acceso para los que logran autosustentarse… no queda otra, la producción de conocimiento se subordina a las exigencias del mercado, porque hay que ser rentable.
Para que estas palabras dejen de hablarnos (rentabilidad, competitividad, financiación, acceso, etc.) todos por la educacion!
Por una Universidad Pública de todos para todos.
…a la minera Bajo la Alumbrera, al capital privado, al Estado indiferente… Say No More
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el 24 de mayo de 2009, el presidente Zelaya presentó al Congreso un proyecto de ley para reglamentar la actividad minera.
ResponderEliminarEntre los puntos más importantes se proponía la actualización impositiva de la actividad, la prohibición de la utilización del método de explotación a cielo abierto, la consideración de la opinión de las comunidades locales para definir la entrega de nuevas concesiones y la prohibición de la utilización de reactivos químicos como cianuro, mercurio y arsénico.
Si bien el Congreso nacional tenía previsto comenzar el debate parlamentario el próximo 16 de agosto, el 28 de junio las Fuerzas Armadas hondureñas tomaron el control del gobierno y cerraron las puertas del Poder Legislativo.
La aceptación de los 86 millones de pesos, que surgen de la actividad de empresas como Goldcorp Inc. y Yamana Gold, por parte de las universidades nacionales no sólo representa una actitud complaciente con prácticas contaminantes y de apropiación extranjera del patrimonio nacional sino, también, con el despliegue de sórdidas políticas desestabilizadoras en la región.